El carácter del encuentro fue muy importante porque se pudieron abordar una serie de cuestiones que involucran la defensa de los derechos laborales de los docentes privados porteños de todos los niveles; a modo de síntesis, podemos puntuar lo siguiente:
-En el caso de los profesores universitarios, requerimos a las autoridades gubernamentales la mayor diligencia en la resolución de los problemas que planteamos en ese ámbito, recordándole que el poder de policía laboral es constitucionalmente una incumbencia del Estado Autónomo de la Ciudad y que ante nuestros requerimientos debe expedirse.
-El trabajo no registrado o parcialmente registrado también fue objeto de nuestra reunión, luego de intercambiar distintas experiencias y situaciones, acordamos realizar las denuncias por fiscalizaciones del mismo a través de la Dirección de Relaciones Laborales de la CABA, dado que es una facultad legal delegada, por lo que iniciaremos fiscalizaciones para combatir y erradicar el trabajo precario que lamentablemente existe en nuestra profesión, sobre todo, en los niveles educativos del nivel inicial; terciarios de carácter técnicos y universitarios con figuras legales inapropiadas y cuasi fraudulentas.
-Acta Paritaria 2014, a propósito le expresamos nuestra profunda preocupación por la resolución Número 2014-1386-SSPECD de la Subsecretaría de Políticas Educativas y Carrera Docente. A partir de aquella resolución, esta Subsecretaría, instrumentó de manera arbitraria, discrecional, abusiva y de mala fé, el Acta Paritaria suscripta entre el Ministerio de Educación de la CABA y los 17 Gremios Docentes de la Ciudad, entre los cuales SADOP es el único representativo de los docentes privados. A la funcionaria le brindamos nuestros fundamentos gremiales y legales que impugna y considera ilegitima la resolución, además de requerirle el mayor diligenciamiento para expedirse sobre nuestra denuncia. La Dra. Caparrós se comprometió a estudiar con detenimiento el expediente y no descartó un próximo encuentro en el marco de las audiencias. De acuerdo a ello, evaluaremos las acciones gremiales y legales más adecuadas para seguir con la denuncia y reclamo.
Por último, mereció un apartado especial los CPI (Centros de Primera Infancia), jardines maternales dependientes de Desarrollo Social, que "contratan" indebidamente a docentes, violando diferentes normas jurídicas de carácter laboral y previsional. Ante esto, fuimos terminantes en pronunciarnos en contra de su actual configuración ya que para nosotros, la educación de la primera infancia debe indefectiblemente ser jurisdicción e incumbencia de EDUCACIÓN. Además, expresamos que sus trabajadoras inequívocamente deben encuadrarse como docentes. Por lo tanto, su relación laboral es bajo relación de dependencia con todas las prescripciones normativas que procuraremos hacer cumplir.
Para finalizar el denso, pero cordial encuentro, la funcionaria nos invitó a participar de una Exposición organizada por el GCABA. El mismo tiene por fin procurar la articulación de los diferentes actores sociales del mundo económico y social para promover, entre otras cosas, el trabajo decente.