Las medidas económicas del nuevo gobierno marcan el inicio de un esquema de redistribución del ingreso a favor de los grupos concentrados. En ese sentido, los objetivos son claros: quitar ingresos a los sectores del trabajo, las pequeñas y medianas empresas y al gobierno para asignarlos al agro, los conglomerados transnacionales y al sector financiero a través de modificaciones drásticas en las reglas de juego.

El paquete de medidas comenzó a fines de octubre, cuando la alianza opositora en ese momento prometió que, de ganar las elecciones, llevaría el dólar a $ 15. A partir del traspaso de gobierno se sumaron las medidas concretas y el proceso inflacionario se aceleró hasta nuestros días, dejando atrás el registro más alto de salario real de las últimas décadas que se había registrado en octubre último.

El nuevo equipo económico debutó con el desmantelamiento de la regulación al comercio exterior. Se eliminaron los derechos de exportación para el trigo, maíz, girasol y productos de las economías regionales, sumado a disminuciones del 5% para el caso de las exportaciones de soja y sus subproductos. A esto se agrega la supresión de las declaraciones juradas de importación. El objetivo general fue transferir ingresos desde los sectores consumidores urbanos hacia el campo y los supermercados, a partir de un fuerte incremento en los precios de los alimentos.

El segundo paso estuvo focalizado en objetivos: devaluar la moneda local, desarticular la regulación cambiaria e incrementar la tasa de interés. Ello beneficia especialmente a las empresas transnacionales que ahora pueden girar libremente utilidades al exterior, comprar hasta 2 millones de dólares por mes para atesoramiento y sustituir compras de insumos locales por importaciones. Para el caso de los excedentes financieros en pesos, el Banco Central pasó a garantizar una tasa de interés 10% superior a la vigente hasta este momento. Los principales perjudicados con los aumentos de precios y costos financieros generados por estas medidas son nuevamente los trabajadores, afectados por la inflación, las pymes cuyas ventas disminuyen por el menor consumo interno e incremento de las importaciones, y el gobierno que ve afectada seriamente su recaudación.

El tercer anuncio importante está por venir y es la transferencia de ingresos que se espera para las empresas proveedoras de servicios públicos de luz, gas y transporte; como así también a las petroleras. En el primer caso a través de incrementos de tarifas superiores a la quita de subsidios y en el segundo con un fuerte aumento en el precio de las naftas y sus derivados. Dichas políticas tendrán un efecto directo sobre el bolsillo de los trabajadores y otro indirecto, vía inflación, porque impactan sobre los costos fijos de las empresas, que luego los trasladan a los precios.

El cuarto paquete de medidas aún no fue anunciado  y consiste en una importante reducción del gasto público. Hasta ahora sólo se habló de la quita de subsidios al transporte y la energía, pero se esperan reducciones en todas las partidas gubernamentales. Este ajuste fiscal es el paquete de medidas que hoy reclaman los lobistas de los grupos financieros, a través de lo que denominan "programa económico integral y creíble". La estrategia sería remplazar parte de la política monetaria contractiva, reflejada en una suba abrupta de la tasa de interés, con una política fiscal contractiva para bajar la emisión monetaria.

En definitiva, si bien no estamos frente a una de las devaluación más abruptas de la historia económica argentina, sí es una de las más descompensadas socialmente que se conocen. Por lo general, junto con medidas de shock de este tipo, que se proclaman como "inevitables" o "hechas por el mercado", se anuncian transferencias desde el Estado a los grupos vulnerables para morigerar sus efectos distributivos y recesivos. Este fue el caso en el año 2002, cuando la devaluación fue seguida por aumentos en las retenciones agrícolas, congelamiento de tarifas y nuevos programas sociales. También en 2009 y 2014, donde hubieron importantes transferencias compensatorias a los grupos de menores ingresos y de estímulos a la actividad económica. En esta ocasión, quedará en manos de los dirigentes sociales políticos y sindicales del movimiento nacional y popular, buscar las estrategias para evitar que se coloque un cepo institucional a los ingreso de los sectores trabajadores, con el objetivo de convertirlos en la variable de ajuste.