El 24 de marzo se cumplen cuarenta tres años del último golpe de Estado cívico militar. Solo para contextualizarlo, tengamos presente que durante el siglo XX coexistieron tantos gobiernos de facto como de derecho .Esta lamentable sucesión, se inició el 6 de septiembre de 1930 cuando el general Uriburu derrocó al presidente constitucional Hipólito Yrigoyen, interrumpiendo de esa forma su segundo mandato e inaugurando una repudiable inestabilidad política que encontró sus consecuencias más luctuosas, nefastas y sangrientas en 1976.
Retomando la cuestión del golpe, no fue casual la calificación que hacíamos en los primeros párrafos de “cívico militar”, porque sin la complicidad de unos, los otros no podrían haber avanzado en su intención de instaurar el modelo neoliberal impuesto a sangre y fuego desde el Terrorismo de Estado.
En este nuevo aniversario nos encontramos ante un presente regresivo en materia de derechos , que nos agobia en la medida que se incrementa la crisis social de desempleo y pobreza .A todo ello se suma el presente negacionista de algunos funcionarios de alto rango del actual gobierno y de algunos dirigentes políticos que aspiran a gobernarnos .Por ello, consideramos apropiado transcribir una de las frases utilizadas por el fiscal Strassera para ilustrar/los sobre el grado de totalitarismo al que apelaron los militares:”Enseñar a leer, dar catequesis, pedir la instauración del boleto escolar o atender un dispensario, podían ser acciones peligrosas. Todo acto de solidaridad era sospechado de subversivo”.
Siguiendo con nuestro análisis del gobierno de facto presidido por Jorge Rafael Videla y José Alfredo Martínez De Hoz, éstos dos personajes no tuvieron el más mínimo escrúpulo moral o reparo político para llevar adelante el modelo económico de acumulación , concentración y exclusión. A partir de ello , apelaron a diferentes recursos y dispositivos de sometimiento a los fines de obtener un ferreo disciplinamiento social y ésto solo pudo ser posible por la arbitrariedad de un gobierno autoritario con la anuencia tácita o explícita de distintos grupos y sectores dirigenciales de poder (de allí el calificativo de cívico militar) .
Por otro lado , es justo y necesario reconocer la heroica resistencia llevada a cabo por muchos militantes, personalidades y organismos de diferentes ámbitos. Varios de los cuales, forman parte de los 30000 desaparecidos y miles de exiliados y auto exiliados que aún esperan justicia. De acuerdo con lo anterior, destacamos como hechos e instituciones emblemáticas y representativas de denuncia y reivindicación de los DDHH, a las Madres y Abuelas de plaza de mayo ; al Movimiento Obrero Organizado, que desde una de sus expresiones, la comisión gremial de los 25, lanzó la primera huelga contra la dictadura, como así también, a las fuertes denuncias realizadas desde el servicio de paz y justicia (SERPAJ) que le valió a Pérez Esquivel su merecido premio Nobel por la Paz.
Continuando con el escrito , consideramos que nuestra obligación en fechas como la presente pasa por apelar a la memoria social y recordar, homenajear y reflexionar, para aprender de la historia y condenar fuertemente aquel período donde la dictadura cometió las más aberrantes violaciones a los derechos humanos , verdaderos delitos de lesa humanidad como quedó expresado en el prólogo del Nunca Más :”De la enorme documentación recogida por nosotros se infiere que los derechos humanos fueron violados en forma orgánica y estatal por la represión de las Fuerzas Armadas. Y no violados de manera esporádica sino sistemática, de manera siempre la misma, con similares secuestros e idénticos tormentos en toda la extensión del territorio”.Recordemos que aquel documento formó parte del material recopilado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) .Estos testimonios fueron tomados como elementos de prueba por parte de los jueces en aquel histórico juicio a las juntas.
El recuerdo del golpe en sí mismo , es un hecho polìticamente significativo a los fines de promover la defensa de los derechos humanos y enseñar en nuestras clases la defensa de la vida democrática en todas sus expresiones. Para ello , no debemos quedarnos solo en el recuerdo y conmemoración , sino que debemos analizar en nuestras prácticas todos los problemas que en el presente afectan u obstaculizan el pleno ejercicio de los mismos.
En principio, debemos seguir impulsando la profundización y ampliación de los juicios de lesa humanidad a los cómplices civiles y empresariales, a propósito, el Derecho internacional los define de la siguiente manera , y es importante expresarlo para saber de qué estamos hablando y de esa manera reconocer la gravedad que implica : “cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: Asesinato; Exterminio; Esclavitud; Deportación o traslado forzoso de población; Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; Tortura; Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable; persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional; desaparición forzada de personas; (…)" . Esta tarea, la de apoyar a los organismos a impulsar los juicios, de por sí es irremplazable e irrenunciable, pero no es la única que debemos afrontar.
Por ello, consideramos que un buen ejercicio docente podría ser ensayar en nuestras clases y hacia el interior de nuestras comunidades algunos de los siguientes problemas que sin lugar a dudas condicionan y/o impiden alcanzar el estatus de ciudadanía plena. Resaltamos que lejos de ser una nómina excluyente, representan núcleos duros de temáticas que no podemos omitir. En este sentido, nos preocupan profundamente una serie de situaciones como los despidos arbitrarios e indiscriminados que están padeciendo muchos trabajadores; el regreso del endeudamiento a través de la vuelta a los mercados financieros primero y al FMI después ,con deudas gravosas que sin lugar a dudas afectarán y condicionarán las políticas sociales en detrimento de los sectores más humildes y vulnerables. Del mismo modo, cuestionamos las iniciativas que tienden a limitar y criminalizar las diferentes expresiones de protestas sociales, partidarias, civiles, gremiales y ciudadanas. Las miradas regresivas y punitivas sobre la minoridad que invierte el verdadero orden de las cosas ya que los niños y jóvenes deben estar en las escuelas y colegios y no en las cárceles, en este sentido, la baja a la imputabilidad que se está discutiendo en diferentes ámbitos, no deja de ser una expresión del fracaso educativo. Otro tema es la grave situación que genera la desigualdad social con sus expresiones escandalosas de incrementos de la pobreza y la marginalidad .Otro aspecto inocultable sigue siendo la situación inequitativa en los derechos del colectivo feminista como ya lo hemos expresado. Asimismo, la fuerte amenaza a los derechos laborales y previsionales también configuran otra dimensión de aquellos problemas.Por último, recordamos la injusta exclusión a la mesa de discusión paritaria que sufre nuestra organización , violando tradicionales derechos económicos, sociales y politicos que implican entre otras consecuencias la afectación a nuestra jerarquización y profesionalización docente.
Por todo lo precedente, la problematización de la agenda de los DDHH nos permite mantener visibles muchos de sus capítulos pendientes , solo a modo de ejemplo mencionamos los referidos a la solución que siguen esperando nuestros pueblos originarios, la situación de los sin techo ni trabajo, el padecimiento de las victimas de todo tipo de violencias y todos los lesionados en su dignidad ,y esto es así, porque aún no se han transformado las estructuras que limitan y condicionan nuestros derechos y solo en la medida que perseveremos en su señalamiento crítico, podremos acercarnos a su resolución . Para concluir, consideramos que es nuestra obligación moral y profesional apelar a la memoria social y dejar expresada nuestra postura como un aporte al debate por la construcción colectiva de nuestra historia pasada y presente.
Marcelo E Albornoz
Secretaría de DDHH
SADOP CAPITAL
