A 41 años del Golpe Cívico Militar se nos plantean nuevos desafíos

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Como docentes debemos  proponer espacios de significatividad  para abordar temas de nuestra historia reciente, contextualizarlos; problematizarlos y desde una mirada crítica, mantener latente el activo simbólico y a partir de allí plantear los debates necesarios

Desde lo histórico, el 24 de marzo de 1976  las FFAA protagonizaron un nuevo golpe de Estado de características  cívico militar, éste calificativo no es menor, porque sin la complicidad de unos, los otros no podrían haber avanzado. Además, la potencia de turno que lo propicio, tuvo como una de las principales intenciones  instaurar el modelo neoliberal que fue  impuesto a sangre y fuego a través del Terrorismo de Estado  que nos asoló. De ésta forma se cumplió una nueva ruptura del orden constitucional que lamentablemente se había  iniciado  el 6 de septiembre de 1930 con el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen, inaugurando de esa forma una repudiable inestabilidad política que encontró sus consecuencias más luctuosas , nefastas y sangrientas en 1976 .

Por que sostenemos que  una de las causas   del golpe fue la instalación del neoliberalismo en nuestra patria y región, porque casi concomitantemente con ello se consolidaba una nueva configuración mundial a través del impulso promovido por el   binomio Tatcher Reagan. A su vez, ésta geopolítica venía precedida por la denominada "guerra fría y su doctrina de seguridad nacional”.  Para la consecución de aquellos objetivos, los militares y sus cómplices civiles tomaron por asalto el dominio de todo el aparato estatal y gubernamental que incluía desde las reparticiones públicas nacionales, los diferentes poderes del Estado, los entes autárquicos; las  provincias  los municipios y los  medios de comunicación  .A partir de ello, el país fue dividido en zonas, subzonas y áreas que coincidían con los comandos de las fuerzas militares. De esta forma, implementaron una feroz represión que buscó neutralizar y disciplinar a la sociedad en su conjunto en momentos de alta movilización y organización social, en definitiva, quisieron aniquilar todo intento de disputa de poder que obstaculizará sus objetivos.

A continuación, mencionamos algunos  datos  que ilustran y fundamentan nuestros argumentos al respecto. En el año  1977, en la ciudad de México, se desarrolló la conferencia monetaria internacional en donde el ministro de economía de la dictadura y representante del poder civil y corporativo, nos referimos a José Alfredo Martínez de Hoz, sostuvo que uno de los principales objetivos del "nuevo gobierno" era transformar las estructuras del modelo económico, productivo y social que llevaba más de treinta años, a los fines de adaptarlo al nuevo escenario internacional. Esto significaba, erradicar el  Estado de  Bienestar que había sido fundado a partir del año  1945.  Por otro lado   y funcional con aquello,  se sancionó la ley  21400 de "seguridad industrial" cuyo destinatario principal fue el movimiento obrero organizado , uno de los actores sociales protagónicos con capacidad de  llevar adelante la resistencia ante el avasallamiento de derechos y el desmantelamiento del aparato industrial. Para ello, se aplicó una política de fuerte  intervención a  las organizaciones obreras, destituyendo y encarcelando  a sus legítimos representantes y sancionando  con prisión, toda expresión de combatividad sindical. A ello se le sumo la apertura indiscriminada de la economía que perjudicó seriamente a la  industria y  además se implementó un gravoso endeudamiento externo. Lo precedente son indicios y pruebas serias de nuestros argumentos respecto de la existencia de un plan sistemático de represión a los derechos humanos</strong>; comprendemos que dentro de la categoría pueblo debemos incluir a varios sujetos sociales que  también fueron objeto de represión y resistencia ( partidos políticos, organismos de DDHH, artistas , intelectuales , periodistas y todo grupo con sensibilidad social y vocación de justicia)    en definitiva, todos ellos fueron victimas de delitos de lesa humanidad como lo demostró el histórico juicio a las juntas y sus diferentes  sentencias . 

 

Dado lo precedente, es importante refutar y repudiar  el intencionado  negacionismo sostenido por el actual gobierno ,  y sostener seriamente  que fueron 30000 los desaparecidos ,  en concreto ,se persiguió al pueblo a través de feroces políticas represivas que violaron los distintos DDHH de manera tanto manifiesta ,   nos referimos a las detenciones ilegales, torturas y desapariciones , como latentes y/o encubiertas , a modo de ejemplo mencionamos  la  censura , el exilio y auto exilio ,  el desempleo , la  pobreza y la  miseria,  que desde ese período, se torno en estructural y representa una asignatura pendiente que data del retorno a la democracia . En un mismo sentido, es apropiado expresar que existió un Plan Cóndor que coordinaba el aparato represivo estatal y para estatal entre los distintos países y dictaduras del cono sur y como si ello fuera poco, además existieron cerca de  500 centros clandestinos de detención donde se torturaba y desaparecía, destacándose entre ellos la ex ESMA como lugar emblemático. 

 

Nuevos Desafíos    

 

Somos conscientes que los actuales contextos son absolutamente distintos, la ciudadanía eligió un nuevo gobierno en diciembre del 2015 y dado ello nos sometemos  respetuosamente a la voluntad popular, pero ello no implica que dejemos de sostener y exigir que se profundicen las políticas de Memoria Verdad y Justicia. Que se aceleren los plazos de los juicios de lesa humanidad a través de un direccionamiento claro que sancione a los responsable militares y civiles de aquel avasallamiento. También nos interpelan ciertos episodios de gravedad institucional que nos preocupan seriamente y que no dudaremos en denunciar, nos referimos entre otras situaciones a los desempleos que se vienen suscitando exponencialmente de a miles; el incremento de la pobreza, estamos hablando de casi un millón y medio de nuevos pobres desde que se inicio éste ciclo político.

Nos preocupan también las miradas y avances punitivos hacia el otro en general y hacia  la minoridad en particular y todo ello con la equivocada  decisión de ir hacia un régimen de baja a la edad de imputabilidad .Al respecto existen algunas datos que agravarían la situación de nuestros jóvenes y nos haría incurrir en incumplimientos a pactos internacionales para el sector de concretarse la baja. De acuerdo a ello, tengamos presente que el sistema penal esta en franca mora ya que más de la mitad de los presos se encuentra encarcelado y sin condena, además el sistema penitenciario esta colapsado y la participación en delitos por parte  de la franja etaria que se quiere alcanzar es minoritaria, por lo tanto  nos preguntamos: ¿cual es el verdadero alcance de la medida? Nadie mejor que nosotros sabe que si hay un lugar seguro  en donde deben estar los menores, ese debe ser la escuela y el colegio. En este aspecto también debemos asumir las responsabilidades como sociedad y exigir a los distintos gobiernos que implementen políticas de Estado para  cumplir la escolaridad obligatoria a través de intervenciones de inclusión social y educativas. Simultáneamente con lo previo, denunciamos el flagrante estado de indefensión en que aún  se encuentran nuestros niños, adolescentes y jóvenes por la dilación irresponsable en la designación de un Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes como lo prescriben las normas, al igual que la acefalía que subsiste en el órgano constitucional de Defensoría del Pueblo.  También, nos preocupan y denunciamos la radicalización de la criminalización de la protesta social, en este punto entendemos que las expresiones de movilizaciones y protestas obedecen a una causa de fondo que todavía no se ha resuelto y cuyo norte sin lugar a dudas pasa por la generación de  genuinos puestos de trabajo dignos.

Nos preocupan y denunciamos la "errática" discontinuidad de políticas públicas en torno al  Ni una Menos. Solo para recordar, éste emergente colectivo se visibilizó fuertemente a partir del 2008 denunciando públicamente la muerte de una mujer cada 40 horas y desde ese entonces se ha incrementado hasta el presente donde nos encontramos con la aterradora cifra de más de 1800 femicidios por año. Somos conscientes que el problema es de todos y de todas, por lo tanto la solución debemos construirla mancomunadamente, y esto implica el compromiso para transformar una cultura que discrimina a la mujer y la cosifica como un “objeto” de consumo y descarte y no la considera  como una persona autónoma y  digna en igualdad de derechos.  Por ello, denunciamos la perdida de intensidad política y económica que están sufriendo los organismos de prevención y contralor  para llevar adelante  su implementación.

Nos preocupan y denunciamos el acoso y hostigamiento que sufren aquellos jueces y fiscales  que  fallan aplicando la ley y el ordenamiento jurídico que cuestiona decisiones gubernamentales  o denuncian graves conflictos de intereses en la función pública. Nos preocupa la violencia laboral, explicita y/o sutil  que sufren muchos de nuestros compañeros y colegas en el ejercicio de su función docente,  tanto en el aula como en la vida institucional ya sea  por cuestiones pedagógicas o por las condiciones materiales en que deben desarrollar su labor. Nos preocupa y repudiamos la campaña de deslegitimación social que llevan adelante algunos funcionarios públicos y medios hegemónicos para demonizar al docente que  por convicciones decide ejercer su derecho constitucional de huelga prescripto en nuestra carta magna. Ante esto, denunciamos los agravios a nuestra dignidad como  profesionales y trabajadores de la educación que estamos sufriendo por parte del gobierno y los empleadores, tanto laicos como religiosos,  al querer intimidarnos para que no realicemos medidas en defensa de nuestras condiciones laborales o cuando escandalosamente se promueven “voluntarios” para reemplazarnos. Por último, y sin ser taxativa la lista de preocupaciones, nos preocupa la insensibilidad,  intransigencia y la  unilateralidad asumida por los gobiernos  en la negociación docente paritaria, solo exigimos que se cumpla la ley de Financiamiento Educativo  y se convoque a la paritaria federal  para poder ordenar de esa forma  las negociaciones jurisdiccionales y recuperar poder adquisitivo en nuestra querida Ciudad. 

En definitiva, nos  preocupan  los DDHH de manera integral y a partir de ello seguiremos observando que se cumplan  tanto las agendas políticas históricas como las  actuales.

Por  Lic. Marcelo E. Albornoz
Secretario de DDHH
SADOP CABA