La violencia contra las mujeres constituye una aberración e impide la construcción colectiva de un país solidario, democrático y justo.
A modo de reseña histórica, recordamos que el 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, quienes se habían rebelado contra el régimen dictatorial de Rafael Trujillo en República Dominicana. En reconocimiento a la valentía de dichas mujeres y en la defensa de los Derechos Humanos, desde el año 1993 , la Asamblea General de las Naciones Unidas designó esta fecha como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que en su artículo 1 define la discriminación contra la mujer, incluyendo " la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Se incluyen actos que infligen daño o sufrimiento de índole física, mental o sexual, las amenazas de esos actos, la coacción y otras formas de privación de la libertad. La violencia contra la mujer puede contravenir disposiciones concretas de la Convención, independientemente de que en ellas se mencione expresamente a la violencia o no."

Por nuestra parte, exhortamos a nuestro colectivo para que se profundicen los abordajes educativos, las enseñanzas y las actividades alusivas que en principio condenen de manera inequívoca la matriz sociocultural machista y se promueva la prevención contra todo tipo de violencia contra la mujer. Para ello, recordamos que la Ley 26485 del año 2009 define y clasifica con lucidez meridiana los distintos tipos de violencia que se ejercen en los diferentes ámbitos contra las mujeres, a saber destacamos la violencia doméstica, la institucional, la laboral, contra la libertad reproductiva, la obstétrica y la mediática. Todas las precedentes son expresiones violentas que se ejercen contra las mujeres en diferentes ámbitos, tanto públicos como privados y todas merecen nuestro más absoluto repudio y mayor atención humana y profesional. Somos conscientes que éste problema es complejo, estructural y cultural y que requerirá de verdaderas políticas públicas para su resolución y en éste aspecto, también exhortamos a las autoridades para que lo hagan sin titubeos ni más dilaciones. Por lo pronto, nosotros como educadores debemos perseverar en la enseñanza del respeto a la dignidad de las personas y al cumplimiento irrestricto de los DDHH.