En el plano internacional, desde el punto de vista de las efemérides, no debemos omitir que cada 8 de marzo, se recuerda la muerte de 129 mujeres trabajadoras que en 1908 fueron reprimidas en una fábrica textil de Nueva York durante sus reclamos por mejoras laborales. Semejante hecho marcó un hito en la lucha por la igualdad de género y en la reivindicación de derechos sociales que no debemos omitir en ninguna de las expresiones alusivas y conmemorativas que realicemos.
Continuando con aquello, a partir de su conmemoración y abordaje en nuestras intervenciones educativas ,tengamos presente que éste 8M en particular ,no solo se caracterizará por una necesaria reivindicación feminista , sino que además presentará una agenda política que a ésta altura de los acontecimientos se torna absolutamente impostergable, ya que deberá ser asumida sin más excusas y dilaciones ,porque la misma constituye una verdadera razón de Estado a los fines de consolidar una Democracia políticamente sustancial , socialmente pluralista y económicamente justa.
Nos estamos refiriendo, entre otras prioridades, a la lucha contra los crímenes de odio como el femicidio y el travesticidio y la implementación de la Educación Sexual Integral. Con respecto a éste punto, es dable resaltar que nuestra organización colaboró y suscribió junto a un importante y representativo número de organizaciones feministas, sociales, educativas, políticas y médicas , un relevante documento en el seno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines de actualizar esa norma.
Si bien la actual ley ha sido importantísima en el momento de su sanción ( 2006), hoy requiere de una adaptación inclusiva de las múltiples demandas y problemáticas que cotidianamente nos interpelan como ciudadanos. Para ello su mirada y abordaje debe respetar las heterogeneidades sociales y culturales a los fines de no reproducir las nominaciones heterónomas y en su lugar abordar la cuestión de los DDHH y los feminismos desde una perspectiva de pluralidad de géneros.
Otras problemáticas a tratar están constituidas por la erradicación de la feminización de la pobreza y la impostergable aplicación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Las enunciaciones precedentes lejos de ser una lista taxativa y cerrada creemos que representa una serie de temas ineludibles de pronta resolución.
Continuando con los análisis, nos parece apropiado mantener latente el inédito debate que nos dimos como sociedad durante el 2018, año parlamentario que será recordado como un verdadero ejercicio democrático en torno a un tópico que nos atraviesa más allá de nuestras convicciones ético filosóficas, que sin lugar a dudas y especulaciones, requieren de una respuesta a tono con las serias problemáticas y derechos que vulneran.
Al respecto y más allá de las distintas disquisiciones y posturas, consideramos y coincidimos en ese sentido que la omisión legislativa y su status quo, representa una forma tanto latente como manifiesta de violación a los derechos de la salud; sexuales y reproductivos de la mujer, y a su derecho a decidir en igualdad de condiciones con el hombre. Recordemos que éste tipo de acciones y derechos se encuentran previstas en las distintas recomendaciones generales del Comité CEDAW que encomiendan expresamente a los Estados signatarios, sobre la necesidad de derogar las disposiciones legales internas de carácter punitivas en éstas temáticas, porque de manera inequívoca representan una flagrante vulneración y violación de DDHH que implican una clara forma de violencia por razón de género, que según las circunstancias, puede constituir tortura o trato cruel , inhumano o degradante.
Por lo precedente y entre otras cuestiones se hace imperioso que se sancionen herramientas que contemplen la interrupción legal del embarazo, porque es una realidad que no se debe ni puede desconocer, ya que cada vez es mayor el número de embarazos en menores que en su gran mayoría son víctimas de abusos sexuales en contextos intra familiares, situación que les impide seriamente acceder al sistema de salud.
Solo para ilustrar la cuestión y de acuerdo a datos de organismos nacionales en áreas de salud y desarrollo social, desde el 2015 se produjeron alrededor de 2800 nacimientos por año en la franja de menores de 15 años. Asimismo , tengamos presente que el problema se agrava entre los sectores más vulnerables .Según estudios realizados desde UNICEF , aquellos embarazos , productos de abusos en la mayoría de los casos, como lo sostuvimos anteriormente , deteriora fuertemente la salud psico física y los DDHH de las niñas y adolescentes ,incrementando no solo su riesgo de muerte materna sino además de la mortalidad neonatal . Porque en definitiva "son niñas, no madres" a quienes se obliga a mantener el embarazo y posterior maternidad. Sin eufemismos, éstas situaciones constituyen una fuerte violencia sobre sus derechos, agravado por la complicidad del Estado, quien poco hace o peor aún, obstaculiza, al no implementar los respectivos procedimientos sanitarios, avalados ya hace varios años por la Corte Suprema de Justicia. Ante situaciones de ésta naturaleza, nosotros como ciudadanos no podemos ser indiferentes .Insistimos no es una cuestión de fé o convicciones personales, sino de políticas públicas de Salud y DDHH.
Prosiguiendo con las problemáticas, según estudios en materia de violencia de género de la ONU, a fines del año 2018, se contabilizaban 87000 mujeres asesinadas en el mundo. De aquel número, impactante y repudiable, casi el 60% de las víctimas fueron asesinadas por sus parejas, ex parejas o miembros de su entorno familiar. Aquella cifra contextualizada a nuestro país nos arroja el dramático número de una víctima mujer cada 30 horas .Situación que se viene agravando desde que el colectivo de Ni una Menos lo viene denunciando y visibilizando.
Por último, reiteramos la imperiosa necesidad de revertir la feminización de la pobreza a partir de una fuerte y sostenida política de igualdad y equidad de géneros, ya que en el mundo del trabajo en nuestro país, en promedio, las mujeres perciben un 30 % menos que sus compañeros varones por las mismas tareas. Recordemos que nuestra Constitución Nacional contempla: "(…) "todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”. A partir de lo precedente, es realmente injusto, arbitrario y hasta inconstitucional que aún persista aquello .Por lo tanto, la eliminación de semejante discriminación, sin dudas constituye una clara expresión de justicia social que debemos reivindicar.
Para finalizar, con respecto a ello, tengamos presente que SADOP, no solo mantiene sus históricas reivindicaciones sobre el particular sino que además éste 8M , apoya y convoca a un paro nacional de mujeres, exigiendo paridad laboral entre hombres y mujeres, porque en nuestra profesión , ocho de cada 10 docentes son mujeres y muchas de ellas el principal sostén de familia.
Marcelo Albornoz
Secretaría de DDHH
SADOP CAPITAL